México, DF, 15 abril 08 (CIMAC).- En México, trabajar para la empresa Johnson Controls significa aguantar el acoso psicológico, malos tratos y violaciones a los derechos humanos laborales de las trabajadoras y trabajadores que ejercen tanto esta firma trasnacional como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), agrupación sindical titular del contrato colectivo de trabajo.

Así lo dio a conocer en entrevista a Cimacnoticias Maribel Ortiz, joven trabajadora de 31 años de Johnson Controls, ubicada en Puebla, al centro de México.

“Durante todo mi embarazo tuve amenaza de aborto, aún así yo tenía que trabajar en horarios de 12 por 12 horas, porque soy madre soltera y mis dos hijos dependen de mí”, comenta.

Johnson Controls es una proveedora de asientos, con sede central en Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos. En 2004, sus ventas ascendieron a 26 mil 600 millones de dólares.

En México, la compañía cuenta con 30 plantas, una fundidora y dos centros de distribución.

Sus 22 mil empleadas y empleados en nuestro país generan ventas por más de 3 mil millones de dólares a una variedad de clientes, incluidos General Motors, Ford, Chrysler, Nissan, Volkswagen, Honda, Toyota, Telmex, Pemex, Liverpool, Palacio de Hierro y el IMSS.

En julio de 2007, las y los trabajadores Cecilia Meléndez Juárez, José Enrique Morales Montaño, José Ricardo Serrano Pérez, y Efraín Díaz Bonilla, fueron despedidos junto con otros tres trabajadores, por demandar que se les enseñará el contrato colectivo de trabajo, de acuerdo con denuncias de la asociación civil Centro de Apoyo al Trabajador (CAT).

CONDICIONES DE TRABAJO

Hasta los siete meses de embarazo, Maribel trabajaba 12 horas por 12 horas, en un horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana, con una carga de trabajo “muy pesada, nos presionan mucho para terminar a tiempo para que el siguiente turno continúe”.

Incluso, agrega, cuando la empresa recibe visitas “esconden el trabajo, nos dicen guarden todo porque va a haber visitas de Volkswagen de Estados Unidos o autoridades del trabajo en Puebla”.

Los horarios de trabajo son distintos, “pueden ser de 2 de la tarde a 2 de la mañana y no se les puede decir que no, porque amenazan con quitarnos el empleo”.

Maribel trabaja en Johnson Controls, como costurera desde hace 2 años, pero se encuentra en una situación de desventaja porque fue contratada por One digit, una empresa que contrata a las y los trabajadores para esta trasnacional productora de autopartes.

Obligada a trabajar 12 horas continuas, con apenas 15 minutos para comer y el permiso restringido para ir al baño, Maribel Ortiz padeció de una infección urinaria durante los primeros meses de su embarazo.

Debido a que no podía ir al baño de manera frecuente dejó de tomar líquidos durante su jornada laboral, para evitar “regaños”, ésta fue la causa de una infección que le detectaron en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“No tomaba agua porque si yo iba muchas veces al baño me regañaban, el supervisor me decía: no eres la única mujer embarazada”, explica.

Al principio se “aguantaba por no discutir”, pero después de que en su clínica le advirtieron que si seguía con esos “malos hábitos” podría perder a su bebé, decidió obedecer las instrucciones de su médico, pero esto… le acarreó consecuencias.

Maribel Ortiz temía que por estar de pie durante 12 horas, bajo la presión de los supervisores, que constantemente revisan el trabajo, y “de manera grosera nos amenazan para que terminemos pronto. Estás bien apurada y si te atrasas ya están sobre ti”.

En Johnson Controls las mujeres embarazadas se distinguen porque utilizan batas verdes, nada más, pues continúan realizando las mismas labores.

Al grado que “a las embarazadas nos esconden cuando hay visitas nos tienen aparte, para que no vean que cargamos el material, como cualquier otra trabajadora o trabajador”, asegura.

Al ambiente de la empresa lo describe como “desgastante”.

En cada área, donde “a veces hay más mujeres” se dedican a la costura de vestiduras de piel y vinil para automóviles.

“Se me hinchaban los pies por estar tanto tiempo de pie, es bien feo que ni siquiera puedas ir al baño porque ya te están voceando: ¡¿por qué no está en su lugar?!, nos dicen”.

De igual forma, Maribel tuvo que enfrentar a sus supervisores de la empresa y a los dirigentes de la CROM, cada vez que tenía consulta con su médico, a pesar de que tenía la cita en el IMSS y de que ella presentaba los documentos necesarios.

SUBCONTRATACIÓN

Como trabajadora de One digit, aún en activo, a diferencia del personal contratado por Johnson Controls, Maribel firma contrato cada seis meses. De este modo “nunca vamos a tener antigüedad”, afirma.

Asimismo, la diferencia entre las y los subcontratados y los contratados por la trasnacional se refleja en los salarios, ya que los primeros ganan la mitad de lo que obtienen los segundos por realizar el mismo trabajo, además de que las y los subcontratados por One digit, no tienen derecho a prestaciones, ni vacaciones.

Con base a su experiencia en esta empresa, Maribel afirma que a Johnson Controls “no le importa el trabajador, si no sólo obtener más ganancias.

Y, ¿al sindicato?, tampoco, sostiene. “Con los de la CROM no se cuenta para nada, lo único que hacen es respaldar a la empresa, pero eso sí a nosotros nos descuentan puntualito la cuota para ellos”.

08/GCJ/CV

Vidriera ha despedido gente por no someterse a charros de la CROC: sindicato

Ayer se reunieron diferentes grupos para externar su apoyo a las acciones que emprenderán los ex empleados de la Vidriera del Potosí, el secretario general del sindicato Valentín Quistian Marín, manifestó que la empresa ha despedido ya a más empleados “por no someterse a los charros de la CROC”.
Indicó que la reunión se hizo de una manera rápida por la situación en la que sucedieron las cosas luego que avisarán los directivos del Grupo Modelo que cerrarían la planta en San Luis Potosí, entre las organizaciones de apoyo a los ex empleados están los representantes e integrantes de la sección 22 del sindicato de Oaxaca, de la UNAM, del sindicato del Seguro Social, la coperativa de Occidente, del Instituto Politécnico Nacional.
Manifestó que llevarán a cabo diversas acciones tanto en la capital potosina como en la ciudad de México y pronunciamiento de todas las organizaciones hacia las autoridades para defender los derechos de los obreros.
Dijo que las peticiones concretas son el respeto a la autonomía sindical, la reinstalación de los trabajadores. “Pedimos al gobierno del estado que intervenga para que haya estabilidad laboral, como ellos dicen”.
Informó que hace un par de días sin argumento alguno se despidió a cerca de 20 empleados “Los despiden porque no se someten a los charros de la CROC”.
Manifestó que diariamente corren trabajadores por no querer firmar a favor de la CROC, dijo que los directivos están desesperados por recabar firmas y echar para atrás el emplazamiento a huelga con el que cuenta el sindicato.
Señaló que la empresa trata de asustar a la gente al decirle que cerrarán la empresa, pues para que éste se dé deben existir causas y procedimiento que esta en la Ley Federal del Trabajo. “No se puede hacer tan fácil el cierre de una empresa, por ejemplo si no hay estabilidad económica, si existe quiebra y Grupo Modelo no tendrá una quiebra en muchos años”.
Manifestó que luego que amenazarán con cerrar la empresa no han extraído aún maquinaria de la planta pero si esto se diera, aseguró que de inmediato se plantarían en huelga.
Dijo que debido a que la situación económica no es sencilla ya son aproximadamente 150 personas las que han firmado su renuncia de más de 300 empleados que han despedido.

La UNCR da su apoyo a los vidrieros

En entrevista, Elías Domínguez, dirigente nacional de la Unión Nacional Campesina Revolucionaria (UNCR), aseguró que los ex empleados de la Vidriera cuentan con todo el apoyo por parte de la UNCR, la cual dijo, están dispuestos a apoyaren las acciones que emprendan para que hagan valer sus derechos como trabajadores.

Ochenta trabajadores despedidos de la empresa Vidriera del Potosí, sus esposas, hijos, maestros y alumnos de la UNAM, se manifestaron ayer durante todo el día frente a las instalaciones de la planta vidriera, para mostrar su repudio contra los directivos de dicha empresa que pretenden tener un sindicato cómodo y a su medida, y para ello dejaron entrar a la planta a dirigentes de la CROC, quienes siempre se han manifestado como los esquiroles de los movimientos sindicales, ya que están del lado del patrón. Lo anterior lo dieron a conocer los dirigentes del Sindicato Independiente de la Vidriera del Potosí,Valentín Marín y Juan Castro, así como el asesor
Francisco Cruz Retama, quienes durante los cambios de turno pararon los autobuses que llegaban con personal o que se iban a sus domicilios, para informarles todo lo que está sucediendo en la planta, en donde los propietarios pretenden que gente de la CROC tome el
sindicato y sea su aliado como en principio fue la CTM de muy mala memoria, indicaron.
Los protestantes dijeron que durante el transcurso de sus manifestaciones tuvieron conocimiento de que la empresa había solicitado la intervención de las fuerza pública, pero ello no los amedrentó ya que su manifestación fue pacífica e informativa a los compañeros que aún laboran en la empresa, y para que en el futuro no les vaya a suceder lo mismo. Los dirigentes del Sindicato Unico de trabajadores de la Industria Vidriera, están molestos porque una organización como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, más que buscar por su propios métodos contar sindicatos propios, busca “adueñarse o apropiarse” de manera indebida de los sindicatos independientes que en base al esfuerzo sindical de lucha constante logran verdaderos triunfos en incrementos salariales. La CROC indicaron, siempre está con el mejor postor como es su patrón los empresarios y ello se ha visto en todo el país cuando su líder general de la CROC Salim Kalkach, siempre “trabaja” en el escritorio a cambio de fuertes cantidades de dinero que recibe por parte de las empresas que pretenden boicotear los
sindicatos autónomos e independientes, y es cuando aparece este esquirol que no ha sido obrero ni conoce la penuria del trabajador y vive en una zona residencial en la Ciudad de México junto a los empresarios. Reiteraron que su manifestación fue pacifica en donde solamente entregaron volantes a los trabajadores de la Vidriera del Potosí, y a través de un sonido estuvieron dando a conocer a sus compañeros a que no se dejen engañar por el “nuevo sindicato” de la CROC cuyo único y perverso fin es la de estar a favor del patrón y hacerlos “esclavos” con salarios de miseria cuando con el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Vidriera, se consiguió un aumento salarial del 19 por ciento el mayor que consiguió sindicato alguno en la República Mexicana. También informaron a los compañeros sobre la próxima reunión que realizarán la próxima semana con la finalidad de conocer la respuesta de la empresa respecto a los planteamientos que hicieron llegar el viernes. Dieron a conocer que al gerente de Relaciones
Industriales de la planta de San Luis, Arturo Rodríguez Carranza y al abogado de la empresa, Salvador Mirón, les plantearon los acuerdos a los que pretenden llegar, entre los que se encuentran el reconocimiento del Comité Ejecutivo, la reinstalación de los empleados que han sido despedidos y el ejercicio cotidiano de la representación sindical. Informaron que los directivos de la empresa ya les han manifestado la disposición de reconocer al Comité Ejecutivo e incluso hicieron el compromiso para entregar las cuotas sindicales y los demás fondos que
maneja el sindicato y que son propiedad de los trabajadores. Cruz Retama, aseveró que los trabajadores a quien les han brindado la información se han mostrado en pro del apoyo a los despedidos además de externarles muestras de repudio a la presencia de los dirigentes de la CROC que siguen visitando la empresa con el consentimiento de los directivos.
Para finalizar, en cuanto al panorama de la posible reinstalación, comentó que tienen una primera audiencia citada para los primeros días del mes de abril en la cual trataran el primer paquete de demandas de reinstalación . “Los directivos lo están contemplando porque es parte de nuestros planteamientos”

29 de enero, 2008
Puebla, México — Ella llegó de la planta de autopartes a casa sintiéndose débil, cansada por los seis meses de embarazo y las ocho horas de trabajo, de pie y con sólo media hora para el almuerzo. Se preguntó qué pasaría si no se cuidaba a sí misma, pero dijo que su mayor preocupación era conservar su empleo de US$55 semanales en la planta de Johnson Controls, a pesar de estar cobrando 40 por ciento menos que lo que les pagan a otros que trabajan con ella “Es muy poco. Pero tengo que mantener a mi hijo”, dijo la pequeñita y delicada mujer treintañera que pidió que no se mencionara su nombre, por temor a perder su empleo.

Es sólo una humilde “trabajadora temporera”, empleada del más bajo nivel en la industria de autopartes en México, y hay muchas más como ella, ya que los fabricantes de componentes en su país bregan por reducir costos para mantenerse competitivos. Muchos obreros se ven en la necesidad de trabajar más horas, más duro, y a veces emigran a Estados Unidos. No hace tanto tiempo, México era un país productor de autopartes de bajo costo para el mercado mundial. Pero ahora ese nicho se ve amenazado por rivales globales que lo pueden desplazar con salarios más bajos, y superioridad en calidad y productividad

El caso Morales

Con el argumento de las presiones competitivas, las compañías tratan de que los sindicatos mantengan los salarios bajos. En algunas partes, los sindicatos no resisten porque son débiles. Y en otros, siguen la corriente porque favorecen el que haya negocio, añadió. Y algunas empresas firman los llamados acuerdos de protección, que les garantizan trabajo, paz y sueldos bajos, dijo Carrillo.

Cuando José Enrique Morales, de 35 años, fue contratado por la planta de Johnson Controls en Puebla hace seis años, una de las 90 empresas que surten de componentes a la cercana fábrica de Volkswagen, no estaba enterado de tales detalles. Pensaba que su vida había dado un giro. Estaba trabajando para una compañía extranjera en la industria automovilística, algo que la mayoría de los trabajadores mexicanos consideran un paso de avance.

Su padre murió siendo él joven, y como era el mayor de cinco hermanos, a los 12 años comenzó a vender frutas y verduras.

Pero al cabo de unos años en Johnson Controls, Morales notó que su salario y sus prestaciones apenas aumentaban. Pero no dijo nada. “No soy hombre de palabras. Soy un hombre paciente”, explicó.

Entonces, en junio pasado fue a una reunión del sindicato, en la que él y otros plantearon algunas preguntas a los funcionarios sindicales. Una de ellas fue por qué no habían recibido mejores aumentos de salario. Estaban pensando en esos asuntos porque se hablaba de crear un sindicato independiente.

Un mes después, Morales y cinco más que hablaron en la reunión fueron despedidos. A él y a otros de los cesanteados un funcionario de la compañía les dijo que fueron despedidos a instancia del sindicato. Funcionarios de Johnson Controls declinaron hacer comentarios acerca de los despidos.

Mientras tanto, Aldaberto Romero Corona, un delegado del sindicato en Johnson Controls, dijo que las quejas de los obreros eran “mentira y media”. La mayoría de los empleados de la fábrica están satisfechos con sus salarios, dijo, y el contrato del sindicato es “competitivo” para el área.

También dijo que negociar contratos laborales es una danza complicada en un área otrora empobrecida de México, una realidad que subrayan las amenazas de la compañía de irse a otras partes en pos de mano de obra más barata.

“Lo que tratamos de hacer en concertar las cosas de manera que la fuente de empleo continúe en esta área”, dijo Romero.

Por lo que Joaquín Martínez, gerente de la planta de 900 empleados establecida hace 11 años, también descartó de manera similar la noción de que sus empleados pudieran estar descontentos. Los obreros pueden asistir a la escuela después de su trabajo en la planta. Hay un programa de apoyo para las empleadas, que componen más de la mitad de la fuerza laboral. Y las tasas de renovación y ausentismo son menos del 1 por ciento, dijo él. Pero no aceptó hablar de los salarios de los obreros, los cuales, según el sindicato fluctúan entre $88 y $120 semanales.

El día que Morales regresó a su pequeño apartamento de dos cuartos, a decirles a su esposa, Sandra, y sus tres hijos, que lo habían despedido de su empleo de $90 semanales, un miedo repentino la estremeció a ella, que gana poco dinero en trabajos a tiempo parcial.

Buscó trabajo en otros lugares, pero no consiguió nada. Empeñaron las joyas de ella, vendieron un televisor y un estéreo, y pidieron dinero prestado a sus parientes.

En octubre, el sindicato de Trabajadores Automovilísticos Unidos (UAW) comenzó a pagarle US$450 mensuales a Morales, quien ha estado organizando a los obreros de Johnson Controls últimamente, en nombre de un sindicato independiente. “Hice lo correcto”, dijo Morales. “Sólo quiero que mis hijos vivan mejor que yo”

LA NOTA COMPLETA, ADEMÀS DE UN VIDEO, LA ENCONTRAMOS EN: http://www.chicagotribune.com/business/chi-sun_mexico1223dec23,0,5968433.story.

Maquila Solidarity Network y Sweat Free Communities, dos grandes organizaciones en defensa de derechos laborales en el sector textil mundial, informan sobre el caso en sus respectivas web y CSR Asia ha publicado un reportaje sobre el caso en su boletín electrónico.

Además, se cuenta con las cartas de apoyo de las siguientes organizaciones (entre muchas otras):

Confederación Sindical Internacional (CSI)
Amnistía Internacional
Intermón Oxfam

Recordemos que las dos organizaciones de defensa de los derechos laborales se enfrentan a dos años de cárcel si, bajo el código penal indio, se las declarase culpables de “crimen cibernético”, de “actos de naturaleza xenófoba y racista” y de “difamación criminal”. Todo ello, por alzar la voz denunciando violaciones de los derechos laborales en una fábrica de confección india.

En un primer momento las organizaciones CCC e ICN y siete de sus empleados fueron convocados a juicio el 25 de junio de 2007. Ahora, el Tribunal de Justicia de Bangalore ha emitido una orden de búsqueda y captura con el fin de asegurar la presencia de los acusados en la siguiente vista judicial. Esta medida legal precede a una serie de amenazas legales y acciones por parte de la empresa india Fibre & Fabrics International y su subsidiaria Jeans Knits Pvt. Ltd (FFI/JKPL) que fabrican vaqueros para grandes marcas internacionales como G-Star en Bangalore, donde desde finales del 2005, organizaciones de defensa de los derechos laborales han estado señalando graves violaciones de los derechos laborales. Las fábricas FFI/JKPL, que han rechazado entablar un diálogo con estas organizaciones de defensa de los derechos laborales, han cursado querellas por calumnias en los tribunales locales. Desde julio de 2006, las organizaciones de derechos laborales locales tienen prohibido hablar sobre las violaciones laborales ocurridas en las instalaciones de dichas fábricas. El requerimiento judicial se prorrogó en febrero del 2007 y desde entonces el caso continúa.

La CCC y el ICN están preocupadas porque estas acciones legales están sentando un perverso precedente y otras empresas proveedoras podrían tratar de utilizar medios legales para evitar que los activistas y las organizaciones de defensa de los derechos laborales informen acerca de abusos cometidos en la industria de la confección. Este hecho definitivamente dañaría la efectividad de los esfuerzos emprendidos por mejorar el comportamiento ético de las empresas.

¿Qué puede hacer usted?

Ayúdenos a hacer público el caso

Si es usted una organización o un particular, puede apoyar a los trabajadores y a las organizaciones que han sido acusadas haciendo público el caso en su sitio web. Distribuyendo la información sobre el caso, usted ayudará a dejar claro que las organizaciones de derechos laborales no serán silenciadas y que la libertad de asociación y libertad de expresión son derechos fundamentales que no pueden ser pisoteados.

Escriba a los dueños de las fábricas y sus empresas internacionales clientes para decir ¡BASTA!

1. A los dueños de las fábricas indias Fibres and Fabrics Internacional FFI y su filial Jeans INIT Pvt Ltd JKPL
2. A las marcas internacionales clientes de la fábrica: Armani, RaRe y Guess

Para más informaciones, visite www.ropalimpia.org.

Suman ya más de 150 los trabajadores despedidos de la transnacional Johnson Controls en lo que va del año, según denunció un grupo de obreros que fueron cesados por órdenes del sindicato al solicitar copia de su Contrato Colectivo de Trabajo.

Ante ello la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y dos ONG prosindicales, una nacional -El Centro de Apoyo al Trabajador- y una estadounidense -Solidarity Center- exigieron a las autoridades laborales investigar las presuntas violaciones a los derechos de trabajadores en la proveedora de autopartes.

De acuerdo con los seis empleados que fueron despedidos por intentar conocer las condiciones laborales pactadas entre su sindicato, adscrito a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), la empresa, que fue galardonada el año pasado por la embajada estadunidense con el Premio a la Excelencia Corporativa “en reconocimiento de sus excelentes prácticas empresariales y su responsabilidad corporativa”, no paga horas extras ni utilidades y tiene colocadas cámaras de vigilancia en los sanitarios para controlar a los obreros.

Pero además despidió hace un par de semanas a más de 100 trabajadores sin una liquidación justa de por medio, pues fueron contratados mediante una empresa administradora de recurso humanos ( outsourcing ), One Digit, mediante acuerdos trimestrales por más de un año.

Dentro del grupo de trabajadores despedidos se encontraban al menos dos mujeres embarazas ya cercanas al parto que fueron desincorporadas del sistema de atención que ofrece el Seguro Social, según informaron los propios trabajadores.

Por todo lo anterior el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), José Luis Rodríguez Salazar, señaló la necesidad de que el grupo germano pida explicaciones a la proveedora, pues existe una carta social firmada en el año 2002 en Eslovaquia que compromete al grupo automotriz a solidarizarse con los trabajadores de sus empresas proveedoras.

Pero además al reconocer que a simple vista pareciera actos violatorios, pidió a la Secretaría del Trabajo y Competitividad así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social escuchar la denuncia pública y revisar las condiciones de los trabajadores.

Por su parte Samantha Tate, representante del Centro Americano de la Solidaridad Sindical Internacional en México con sede en Washington, informó que enviaron una misiva a la dirección general de la empresa en Estados Unidos para atender las denuncias de presuntas violaciones laborales.

En tanto, Víctor Álvarez, integrantes de la UNT Nacional, explicó que en los sectores de autopartes, aéreo, maquilador y telecomunicaciones son comunes contratos de protección, es decir, convenios entre empresas y sindicatos que ocultan a los trabajadores.
Por ello sostuvo que en aras de una renovación auténtica del mundo laboral, las autoridades y los trabajadores deben pugnar para eliminar prácticas que atentan contra el legítimo derecho de la base de conocer su contrato de trabajo.

En respuesta a las acusaciones de un grupo de trabajadores despedidos de la empresa proveedora de autopartes Johnson Controls comenzó el acoso laboral en la planta, se habla incluso de que se esperan rescisiones de contrato masivas que podrían involucrar a 150 empleados, según dieron a conocer los siete obreros rescindidos.

En rueda de prensa, organizada en las instalaciones del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), organización no gubernamental que ha prestado apoyo a los obreros despedidos, los empleados aseguraron que a partir de su rescisión injustificada los dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria en General, Similares y Conexos, CROM, han comenzado a amenazar a los obreros que aún laboran en la planta para que “evitar nuevos alborotos”.

“A nosotros nos corrieron de la empresa a petición del sindicato con el argumento de la cláusula de exclusión, una cláusula considerada ilegal desde hace varios años por las autoridades, todo porque pedimos copia de nuestro contrato colectivo para conocer realmente las condiciones laborales pactadas”, explicó José Enrique Morales Montaño.

De acuerdo con los empleados, la empresa no sólo tiene colocadas cámaras de video dentro de los baños para controlar el tiempo que tardan los obreros en los sanitarios, además establece jornadas de trabajo de hasta 14 horas sin la retribución salarial obligada, niega u otorga la vacaciones a conveniencia de la empresa sin negociarlo con el trabajador.

Además, la empresa usa desde hace varios años a la compañía de outsourcing en recursos humanos One digit para escamotear derechos.

“Hay compañeros que tienen dos años trabajando con contratos trimestrales o semestrales, no les toman en cuenta la antigüedad ni nada de eso”, explica a su vez Efraín Díaz Bonilla.

Los trabajadores señalaron a sus dirigentes sindicales como los responsables del ambiente de hostigamiento, específicamente a Magdaleno Texis, el representante sindical en la empresa, en conjunto con la empresa.

Los obreros, cuyo conflicto laboral se inició desde el pasado 12 de julio, cuando fueron rescindidos de la proveedora de Volkswagen, aún esperan respuesta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se ubica en la ciudad de México a donde trasladaron el caso.

“Nos dijeron que tenemos que esperarnos porque tienen muchas quejas en espera, pero nos aseguraron que pronto nos darían fecha de audiencia”.

Pero por lo pronto el acoso se mantiene, a decir de los empleados en litigio que tenían entre 6 y 15 años prestando sus servicios a esa empresa, desde el sindicato les han hecho saber que siguen sus pasos, que los están vigilando para saber con quienes se reúnen, a quiénes piden apoyo y demás.

“Si hubo ofrecimiento económico para la liquidación, pero no era lo justo; nos querían hacer firmar documentos de renuncia voluntaria cuando ellos nos estaban echando del trabajo; de hecho, el día del despido nos sacaron sin dejarnos cambiar la ropa, nuestras pertenencias nos las dieron en una bolsa como si nos hubiéramos robado o hecho algo de verdad grave, cuando lo único que pedimos era conocer el contrato colectivo y nuestros derechos”, concluyó.

Cámaras de vigilancia dentro de los baños, jornadas superiores a las 12 horas y despidos a petición del propio sindicato son algunas de las irregularidades laborales a las que están expuestos los empleados de la empresa de autopartes Johnson Controls, según denunció un grupo de empleados de la compañía que fue cesado injustificadamente.

De acuerdo con los trabajadores fue el propio sindicato de la empresa, gremio adherido a la Confederación Regional Obrera de México (CROM), quien solicitó a la gerencia de recursos humanos de dicha empresa la baja de los empleados arguyendo una “cláusula de exclusión” que les permite ese derecho.

Argumento que a decir del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) carece de fundamento legal, pues fue declarada “inconstitucional” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los seis trabajadores a los que les fue rescindido su contrató ya presentaron su demanda laboral en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicadas en la ciudad de México y están a la espera de que se proceda con la demanda.

Despedidos por pedir copia del contrato

A decir de personal del CAT, organización no gubernamental que está asesorando a los obreros despedidos, el problema se generó cuando los seis empleados, José Enrique Morales, José Ricardo Serrano Pérez, Cecilia Meléndez, Efraín Díaz, Tomás Juárez y Enrique Cortés, exigieron a su representación sindical copia del contrato colectivo que se había firmado unos días antes.

“Se nos citó el 11 de julio en la oficina de recursos humanos de la empresa –dedicada a la fabricación de asientos para modelos VW y otras marcas como General Motors, Nissan y Ford– para que firmáramos nuestras liquidaciones” que incluían sólo los días proporcionales a sus años laborales.

“Nos ofrecieron entre 19 mil pesos, para quien llevaba trabajando más de 15 años, y 11 mil pesos de liquidación, sin mayores explicaciones y justificación del por qué nos estaban despidiendo”, explicó uno de los empleados de dicha empresa.

Pero además, aseguraron que la directiva de la compañía aplica medidas violatorias a las garantías laborales, como la colocación de cámaras dentro de los sanitarios para cronometrar el tiempo de cada trabajador.

Y aunque gozan de prestaciones, la empresa les descuenta 145 pesos mensuales por los vales de despensa que les entrega cada 30 días, así como los días de falta o incapacidad justificada y las vacaciones son movibles de acuerdo con los paros técnicos o producción extra que enfrente la planta de la Volkswagen.

Señalaron además que la compañía en lugar de entregarles los 25 días de aguinaldo pactados en el contrato colectivo de trabajo y las utilidades anuales a las que tienen derecho sólo les ofrece un bono de mil pesos anuales en sustitución de esas dos prestaciones obligatorias.

Las denuncias de los trabajadores sobre los problemas que enfrentan fueron confirmadas por persoanl del Centro de Apoyo al Trabajador luego de realizar una serie de entrevistas entre los trabajadores en activo.

La directiva de esa empresa, ubicada en el parque Finsa, a un costado de la planta armadora germana, hasta el momento no ha tenido ningún contacto o acercamiento con los empleados despedidos, aseguraron los trabajadores que se encuentran a la espera de que el proceso se inicie.

Atlixco- Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán dieron a conocer nuevas evidencias de los graves desechos contaminantes producidos por las maquiladoras en ese municipio, los cuales terminan pintando de azul los campos de cultivo de maíz. Y el caso más reciente ocurrió en diciembre de 2006.

Martín Barrios, presidente de ese organismo, habló durante una entrevista con este diario de las condiciones denunciadas ante las autoridades correspondientes desde hace años. “La situación alarmante alcanza el término de grave problema de salud pública en la zona. Esto es consecuencia de la corrupción en los tres niveles de gobierno, porque no hacen nada contundente para evitar el foco de infecciones producido por las descargas de lavanderías y otras industrias en el Dren de Valsequillo y que como es conocido, terminan diseminándose en los campos de cultivo de San Diego Chalma y Santiago Miahuatlán, entre otros”.

El activista lanzó varias preguntas: “¿Cuál es el vínculo ocultado criminalmente por las autoridades entre los conocidos casos de leucemia infantil y las aguas residuales que rebozan carcinógenos como el plomo?; ¿en verdad creerán tanto el gobierno marinista y el municipal que con entubar el dren de Vasequillo -que es como barrer la basura bajo la cama o de una alfombra- nos engañan, suponiendo que somos ciegos y que nos convencen que están solucionando el problema ambiental?

Barrios y la Comisión lamentó el comportamiento de la Comisión Nacional del Agua (CNA). “¿Cuándo tendremos una CNA y una Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y, en general autoridades e instituciones que no sean corruptas y no se dobleguen ante el poderío económico y político de empresarios nacionales y trasnacionales voraces, saqueadores y explotadores de nuestros recursos naturales y de la clase obrera mexicana?”.

Dijo que probablemente pasará más tiempo para que los consumidores mexicanos, estadounidenses, canadienses, europeos y de cualquier parte del mundo “que utilizamos prendas de vestir de las diferentes marcas que conocemos y compramos cambiemos las reglas del juego y no utilicemos u obliguemos a las marcas como Levi’s, American Eagle, Lee y otras a no producir prendas tóxicas como las de la moda del sand blasting o destruidas y otras similares”

“¿Cuándo finalmente se instalará la tan cacareada planta tratadora de aguas residuales en Tehuacán?

Destacó que será muy complicado que la Canaco local entienda que su postura a la instalación de la planta tratadora de aguas residuales es un “comportamiento irracional, egoísta y absurdo, basada tan sólo en intereses particulares y minoritarios? ¿Hasta cuándo las marcas trasnacionales cumplirán y harán cumplir a sus contratistas y subcontratistas locales sus códigos de conducta en materia laboral y ambiental?”

Con respecto a este último tema, afirmó que es necesario darse cuenta que quienes aún no lo han hecho (cumplir los códigos de conducta) contribuyen a “que nuestros acuíferos se agoten para beneficio de unos cuantos intereses capitalistas locales y globales y en perjuicio de la mayoría”

Entrevista por Jorge Machuca.
Blanca Velásquez Díaz
Coordinadora del Centro de Apoyo al Trabajador.
MILENIO. 13 de diciembre de 2006.

Una de las formas que está tomando la emigración de poblanos, es que los trabajadores de la industria de autopartes y de la confección, cuando logran juntar dinero tras ser liquidados o recibir sus aguinaldos, usan ese dinero para irse de inmediato a Estados Unidos, en donde padecen condiciones de maltrato similares a loas que tienen en sus comunidades de origen.

Blanca Velásquez Díaz, coordinadora del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), refirió que uno de los casos más significativos de emigración masiva de empleados de una empresa a la Unión Americana, ocurrió hace tres años, cuando el grupo Tarrant despidió a mil 200 trabajadores, de ese grupo al menos el 10 por ciento emigró a los Estados Unidos.

La mayor parte de los exasalariados que optan por buscar trabajo en el país más poderoso del continente, tienen entre 18 y 20 años, y de hecho están ocasionando que poblaciones completas se queden vacías.

Algunos de los casos localidades se están despoblando progresivamente, dijo Velásquez, son algunas aledañas a Atlixco, como Ahuacomulican, Soto y Gama, así como Tepeojuma, Tochimilco y San Juan Amécac.

Ni para lo básico.
En un estudio elaborado por el CAT, se comparó el salario de promedio de lo0s trabajadores con el costo de la canasta básica; al final se constató que cada trabajador debería ganar a la semana casi mil 600 pesos para que pudiera comprar lo indispensable.

Actualmente, los ingresos promedio en la industria de la maquila, oscila entre los 500 y 550 pesos semanales, es decir que en el estado de Puebla, para comprar cosas elementales, como leche, huevo, azúcar, aceite, fríjol y arroz, seria necesario aumentar cerca de mil100 pesos el salario mínimo, ello sin contar que se carece de cualquier prestación, dijo la activista ligada al sindicalismo independiente.

Explotación.
Aunque no pudo precisar un número exacto de despidos en 2006, la coordinadora del CAT dijo que es la industria automotriz la que más gente esta echando a la calle en Puebla, sin que puedan reclamar indemnizaciones de algún tipo.

Contrario a los discursos oficiales, es común saber que la remuneración es baja y casi nadie tiene garantizado un empleo que al menos dure medio año; prevalecen las contrataciones temporales, además de la subcontratación o outsourcing, así “las empresas unidas con la corporación que provocan que los trabajadores no obtengan derechos como antigüedad, aguinaldo o utilidades, solo reciben su salario”.

“Cuando dan este tipo de trabajos, que son indignos, (los empleadores) pretenden aburrirlos para que renuncien y después los recontratan de igual manera, con las mismas condiciones o peores”.

A ello se suma la aplicación del “banco de horas”, que es muy común en las fábricas de autopartes; según la versión empresarial ese esquema se aplica cuando hay lapsos de baja producción para mantener los sueldos y reducir las horas de trabajo, pero cuando aumenta la producción, se ocupan las horas adeudadas del “banco”.

El problema s que bajo el esquema a veces en una semana los trabajadores laboran hasta 72 horas adicionales y no se les pagan; “lo que implica la esclavización de los trabajadores, se puede trabajar mas de las ocho horas que marca la ley, pero diario se quedan tres o cuatro horas que no son pagadas”.

Las condiciones son quizá peores en la industria de la confección poblana del siglo XXI; los asalariados trabajan hasta 12 horas “en condiciones inhumanas, aún hay gritos, acoso sexual, mucha discriminación, principalmente porque son mujeres indígenas, que se trasladan entres dos o tres horas para llegar de sus casa a la planta, la mayoría tiene edades entre 16 y 25 años.

¿Cuáles son sus principales carencias?
Son de higiene y seguridad, no tienen equipo de protección adecuado, rara vez os trabajadores tienen cubre bocas, las áreas donde están los trabajadores no están señaladas en caso de accidente, no hay señalamientos adecuados, les hace falta ventilación.

Ingresos bajos.
El ingreso promedio de un trabajador poblano de la industria de la confección de exportación no supera los dos salarios mínimos -98 pesos diarios-, en trabajos especializados las percepciones máximas son de 85 pesos.

En le caso de la industria de la confección de exportación “se gana un poco más”, enfatizó Velásquez, que explicó que es común que en localidades en las que hay maquiladoras de pantalones de mezclilla, como Tehuacan y Ajalpan, se maquile en casas pequeñas, donde trabajan menores de edad.

Los involucrados en el llamado “trabajo a domicilio” de la confección de la mezclilla, ni siquiera se gana el salario mínimo.

En el caso de la industria automotriz hay también población joven, “son gente que trabaja más de ochos horas, se rolan turnos, tienen condiciones (en sus contratos de trabajo) más Light, sus sindicatos juegan a ser más democráticos para que los trabajadores no los puedan cuestionar, pero hay represión muy seria; saben bien que derechos se les están violando, prefieren callarlo porque los despiden”.

Un trabajador de la industria de autopartes, dijo, tiene un salario de 90 a 120 pesos, en cuestiones de salud, uno de los mayores problemas es la falta de higiene de los alimentos que se dan en los comedores industriales, “a veces las comida que ingieren están descompuestas, han encontrado hasta gusanos, y se las cobran; se les descuenta entre siete a catorce pesos”.

Cuotas sindicales.
La cuota sindical sobre un salario de 50 pesos en la industria de las autopartes, dijo la coordinadora del CAT, fluctúa entre los 14 y 22 pesos de acuerdo al salario que gane la persona.

“Ni los sindicatos charros –afiliados a la CROC o a la CTM- ni los independientes, bajan las cuotas cuando sus agremiados se les baja el salario a la mitad”; a ello se suma que tanto en dependencias federales como locales que se dedican a la defensa de los trabajadores, no hay una verdadera defensa de los derechos laborales.