CATPuebla.org

Aprueba Congreso por unanimidad reforma a favor de las preferencias sexuales

A raiz del asesinato de la activista Agnies Torres, el Congreso local aprobó una reforma constitucional para impedir la discriminación por motivo de preferencia sexual, la cual deberá ser respaldada por las dos terceras partes de los ayuntamientos poblanos para que quede firme.

Las bancadas de PRI, PAN, PRD, Panal y PT subieron a tribuna para respaldar la iniciativa que presentó la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), cuando un año atrás evitaron su discusión o incluso la votaron en contra.

“Casi 13 meses han pasado desde aquel debate del 14 de febrero del año pasado (en el que se discutió por primera vez la iniciativa). Finalmente, el peso de los argumentos se desvaneció ante una realidad que se nos muestra todos los días”, expuso el representante legislativo de MC, José Juan Espinosa Torres, quien atribuyó la apertura mostrada por el Poder Legislativo en esta ocasión a la muerte de la activista transgénero Agnes Torres Hernández.

Sin embargo, el legislador de izquierda manifestó, desde la tribuna más alta del estado, que la aprobación de la reforma al artículo 11 a favor de las preferencias sexuales es sólo el inicio de “un largo camino” en el reconocimiento de los derechos a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBT).

“Somos conscientes de que algunas personas e instituciones están en profundo desacuerdo con este cambio legal, so pretexto de que dentro de la palabra ‘preferencias’ ya están especificadas las que hoy nos ocupan, sin embargo, al desconocer los datos del Instituto Mexicano de Sexología de que 100 por ciento de las personas son integrantes del universo de la diversidad sexual estamos cerrado los ojos a la realidad”, expuso.

La bancada del PRI fijó postura, a través de la diputada Zenorina González Ortega, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien aseguró que la aprobación de esta reforma hace realidad una “expresión vanguardista que por sí sola representa un acto de justicia para todos los poblanos”.

Ante las acusaciones que enfrenta el diputado del Panal Héctor Alonso Granados por discriminación sexual, Zenorina González convocó a los legisladores “a predicar con el ejemplo” el respeto a las preferencias sexuales.

La reforma se aprobó ayer con 37 votos a favor, mientras el 14 de febrero de 2011 sólo recibió el aval de ocho legisladores y el voto en contra de 19.

Dignas. Voces de defensoras

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) presenta Dignas. La publicación destaca el protagonismo de las mujeres mexicanas en los procesos sociales de las últimas décadas hacia la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, visibiliza el contexto actual y los desafíos que viven y afrontan estas activistas sociales para el ejercicio de su labor: graves amenazas contra ellas y sus familiares, violencia sexual, desprestigio y dificultades en el acceso a la justicia entre otros.

A través de las 18 entrevistas recogidas durante el mes de noviembre de 2011 en los estados de Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México y el discurso de Bety Cariño, defensora oaxaqueña fallecida en abril de 2010, PBI muestra el trabajo de 19 mujeres, algunas de ellas con más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos fundamentales, así como algunas de sus experiencias más difíciles. Las propias defensoras evidencian cómo, en al menos 9 estados de la República mexicana, han observado y documentado violaciones a los derechos humanos y, por tratar de denunciarlos, han sido objeto de amenazas, hostigamientos y ataques directos.

Los 19 testimonios reflejan la diversidad de espacios donde las defensoras de derechos humanos mexicanas desarrollan su labor en materia de derechos humanos. Éstas incluyen: la reivindicación de los derechos propios de las mujeres, de las comunidades indígenas y campesinas, la lucha por la libertad de expresión y por el acceso a la justicia, la búsqueda de las personas desaparecidas – los del pasado y los del presente – por parte de sus familiares, las demandas de seguridad de las y los ciudadanos, la defensa de derechos medioambientales, la reivindicación de la diversidad sexual, la situación de las personas presas por motivos políticos, la falta de respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores y casos de tortura y detención arbitraria.

Refleja principalmente el trabajo de defensoras de derechos humanos en los estados de Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México – donde PBI ha ofrecido hasta ahora acompañamiento internacional –, pero también se han recogido testimonios de mujeres promotoras y defensoras en Coahuila, Chihuahua, Tijuana, Puebla, y el Estado de México. Algunas de ellas mencionan además hechos violatorios acaecidos en Chiapas, Veracruz y Tamaulipas.

La selección de estas defensoras es fruto del trabajo de PBI en México desde hace más de 10 años. Por este motivo, gran parte de los testimonios provienen de mujeres que han solicitado y recibido acompañamiento internacional de PBI: Tita Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Emiliana Cerezo, Sara Méndez y Nora Minerva Martínez. Las entrevistas con mujeres no acompañadas reflejan algunas de las otras temáticas del movimiento pro derechos humanos en México de los que PBI ha tenido conocimiento. Los testimonios son solo una pequeña muestra de las demandas de derechos de las mujeres activistas sociales en todo el país.

PBI ha sido también testigo de importantes logros alcanzados por estas mujeres a nivel internacional. Casos trascendentales en el ámbito jurídico son los de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, Tita Radilla e Imelda Marrufo. Ellas, junto a otras mujeres, han llevado sus demandas de justicia ante la Corte Inter-americana de Derechos Humanos que ha reconocido sus denuncias contra el Estado mexicano por la vulneración de derechos. Otros grandes éxitos han sido la puesta en libertad de los hermanos Cerezo, promovida por su hermana Emiliana Cerezo, y de Juan Manuel Martínez Moreno, con el apoyo de Sara Méndez.

En México, las defensoras de derechos humanos son conscientes de los desafíos relativos a su trabajo. Desde 2010, se han realizado dos encuentros nacionales entre defensoras de derechos humanos en México con el objetivo de poner en común experiencias y buscar soluciones conjuntas a sus retos. Uno de los primeros frutos de este espacio, es el Diagnostico 2010-2011sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, presentado en enero de 2012 e impulsado por Just Associates (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. El Diagnóstico señala que el 76% de las defensoras participantes reconocen especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo y de éstas 40% señala la violencia sexual como la principal forma de violencia. El 12% se refiere a las amenazas contra la familia, hijos e hijas. En cuanto a los actores responsables, las defensoras de derechos humanos señalan a las autoridades locales, estatales y federales en un 45% de los casos, ya sea de forma directa, como instigadoras o autoras intelectuales.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekkagya, insta a las defensoras de derechos humanos a seguir alerta, a continuar reportando los ataques y las amenazas a los mecanismos pertinentes y a documentar y registrar de forma sistemática las violaciones de derechos humanos. De este modo, propone que “establezcan redes de protección a nivel local para mejorar su seguridad y para que promuevan la unidad dentro de su comunidad”.

Mary Jane Real, quien coordinara la Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD IC), considera fundamental prestar atención a los puntos básicos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos para revertir la situación de riesgo que enfrentan las defensoras. Subraya la necesidad de responder tanto a las causas inmediatas como a las estructurales de la violencia y discriminación contra las mujeres, lo que implica apoyar a los movimientos sociales y no únicamente mantener a las defensoras de derechos humanos seguras.
Descargar documento

Ver video